El Grupo Municipal de Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Local la siguiente MOCIÓN:
POR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE EN CASTILLA-LA MANCHA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La crisis económica que está repuntando actualmente en nuestro país tiene como principal protagonista el sector de la construcción. Sustentar el crecimiento económico del país en este sector era un castillo de naipes que más tarde o más temprano tenía que caer. Este modelo de crecimiento económico se ha demostrado claramente insostenible y sus consecuencias económicas, urbanísticas, ecológicas y sociales manifiestamente perniciosas; que se materializan en los municipios y muestran su rostro más real y dramático en sus ciudadano/as. Es por ello que desde los Ayuntamientos tenemos mucho que opinar y que proponer sobre este asunto.
En Castilla La-Mancha existen 85.000 viviendas sin vender y casi 48.000 demandantes sin vivienda, lo que demuestra el fracaso sin paliativos de las políticas de suelo y vivienda del gobierno regional. La ínfima inversión pública en vivienda protegida sobredimensionó la producción de vivienda libre y con ello aumentó escandalosamente el precio de la vivienda que ha hecho inaccesible el acceso a la misma a las capas sociales con menos recursos, especialmente a los trabajadores y jóvenes y cuando se accede, se hace en condiciones leoninas con hipotecas a 50 años, dedicando hasta el 60% de los ingresos al pago de la vivienda. No obstante la situación de la vivienda pública no ha tenido mejor suerte: se ha esperado a que se construyera y vendiera la vivienda libre para anunciar que se iba a construir vivienda protegida, y cuando al fin se promueve vivienda pública, se ha subido el precio de esta en función de los precios del mercado con la excusa de que si no se hacía, los promotores no construirían este tipo de viviendas.
Ante esta situación de fin de la “burbuja inmobiliaria”, crisis del sector de la construcción, aumento del desempleo, miles de casas sin vender y miles de ciudadano/as sin vivienda, hipotecas cada vez más difíciles de afrontar, etc.; ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Castilla la Mancha? Mientras se incumple el IV Plan Regional de Vivienda del Gobierno Regional que iba a garantizar por ley el acceso a la vivienda creando 50.000 viviendas protegidas en cuatro años, se propone un Pacto por la Vivienda en el que la propuesta estrella es la creación de una nueva modalidad de vivienda: “Vivienda de Iniciativa Público Privada” (VIPP) que lejos de ser una solución al problema de la vivienda y al desempleo, en lo esencial incide en la misma receta que ha hecho posible la situación de crisis y da increíbles pasos proteccionistas a los promotores. Resulta chocante que cuando hay 85.000 viviendas vacías en la región sin vender, la solución pase por construir más vivienda. Está claro que el objetivo del gobierno de Barreda no es dar solución a los más de 48.000 demandantes inscritos sino el de proteger y ayudar a los promotores.
El tipo de vivienda que se propone son pisos de una media de 70 m2 con un coste entre 130.000 Y 150.000 €, lo que supone un precio por metro cuadrado entre 1.857,14 €/m2 y 2.142,86€/m2, claramente superior al de la vivienda protegida en nuestra región. De esas nuevas viviendas la Junta garantiza adjudicar el 70%, como mínimo, y las que no se adjudiquen las compra la Administración. Los promotores van a vender todo, nunca lo tuvieron tan fácil. Además los titulares de los terrenos podrán incrementar el número de viviendas a construir sin que la administración tenga que variar la edificabilidad máxima y se van a impulsar las transformaciones de suelo por lo que habrá más reclasificaciones de suelo rústico en urbanizable. Todo esto interfiriendo en los Planes de Ordenación Municipal a favor de promotores privados.
La propuesta de Barreda no garantiza la construcción de vivienda pública, olvida a las empresas municipales y a los Ayuntamientos y no garantiza mantener una parte del empleo del sector de la construcción.
Desde Izquierda Unida consideramos que hay que hacer frente a esta situación de crisis mediante una transición justa en el actual modelo productivo que se ha demostrado insostenible y débil frente a los cambios en los ciclos económicos y además se ha sustentado en un empleo precario y poco especializado. Las medidas que se deben adoptar no pueden ir encaminadas una vez más, a que sea el pilar más débil, los trabajadores, quienes sufran las consecuencias de la crisis. Hay que reajustar el sector de la construcción y reorientarlo hacia nuevas actividades, formando y mejorando la cualificación de los trabajadores y de la pequeña y mediana empresa.
El gobierno debe facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas y asequibles para todos los ciudadanos, con especial atención a las capas sociales más desfavorecidas. Para ello se debe intervenir desde la administración en la planificación, promoción y construcción de viviendas públicas, luchar contra el fraude en las transmisiones de estas viviendas y reducir los precios de la vivienda de promoción pública, calculándolos en función de la renta y no del mercado. Debemos apostar desde las administraciones públicas por un desarrollo urbano sostenible introduciendo criterios de ahorro energético en la construcción, fomentando el alquiler e impulsando las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Todo ello atendiendo los previsibles problemas de aumento de desempleo para lo que sería necesario un Pacto por el empleo en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y empresarios del sector.
Por todo ello se presenta al Pleno para su consideración y aceptación los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Mocejón insta al Gobierno de Castilla la Mancha a retirar la propuesta de construcción de Viviendas de Iniciativa Público Privada y las medidas contempladas en el Pacto por la vivienda porque no van a solucionar la situación de crisis del sector de la construcción ni atenderán las necesidades de vivienda de la población castellano manchega.
2. Solicitamos la elaboración de nuevo Plan de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible en Castilla la Mancha. Para ello se abrirá un período de debate y reflexión sobre la crisis del sector, sus consecuencias urbanísticas, económicas, laborales y sociales y se pondrá en común las propuestas encaminadas a atender la necesidad de vivienda y el reajuste del sector de la construcción. Un nuevo Plan que cuente con la participación de los agentes sociales y otros colectivos sociales de nuestra región.
3. Este nuevo Plan de vivienda deberá apostar por:
a. El mantener el precio de la vivienda protegida en el fijado por el Gobierno de los Regímenes Especial y General, eliminando el Precio Máximo Superior y la modalidad de Precio Concertado y Tasado.
b. Ofrecer a los promotores la reclasificación y adquisición de las viviendas ubicadas en las zonas de demanda como Vivienda de Protección Oficial de Precio General para cubrir la demanda existente.
c. Dotar, desde el Instituto de Finanzas Regional, de créditos a los Ayuntamientos y Empresas Públicas a 8 años sin intereses para la adquisición y promoción de suelo para VOP y aval para que los adjudicatarios de VPO adelanten la entrada a la adquisición con las subvenciones que correspondan.
d. Promover la vivienda de alquiler y un plan de rehabilitación para movilizar la vivienda vacía y construir un 50% de la vivienda protegida en régimen de alquiler.
e. Mantenimiento del empleo, directo e indirecto. Pacto por el empleo en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y empresarios, que redimensione el sector y lo reoriente a nuevas actividades.
Pedro García Oliva
Grupo Municipal de Izquierda Unida de Mocejón.
Mocejón, 5 de Junio de 2008.
POR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE EN CASTILLA-LA MANCHA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La crisis económica que está repuntando actualmente en nuestro país tiene como principal protagonista el sector de la construcción. Sustentar el crecimiento económico del país en este sector era un castillo de naipes que más tarde o más temprano tenía que caer. Este modelo de crecimiento económico se ha demostrado claramente insostenible y sus consecuencias económicas, urbanísticas, ecológicas y sociales manifiestamente perniciosas; que se materializan en los municipios y muestran su rostro más real y dramático en sus ciudadano/as. Es por ello que desde los Ayuntamientos tenemos mucho que opinar y que proponer sobre este asunto.
En Castilla La-Mancha existen 85.000 viviendas sin vender y casi 48.000 demandantes sin vivienda, lo que demuestra el fracaso sin paliativos de las políticas de suelo y vivienda del gobierno regional. La ínfima inversión pública en vivienda protegida sobredimensionó la producción de vivienda libre y con ello aumentó escandalosamente el precio de la vivienda que ha hecho inaccesible el acceso a la misma a las capas sociales con menos recursos, especialmente a los trabajadores y jóvenes y cuando se accede, se hace en condiciones leoninas con hipotecas a 50 años, dedicando hasta el 60% de los ingresos al pago de la vivienda. No obstante la situación de la vivienda pública no ha tenido mejor suerte: se ha esperado a que se construyera y vendiera la vivienda libre para anunciar que se iba a construir vivienda protegida, y cuando al fin se promueve vivienda pública, se ha subido el precio de esta en función de los precios del mercado con la excusa de que si no se hacía, los promotores no construirían este tipo de viviendas.
Ante esta situación de fin de la “burbuja inmobiliaria”, crisis del sector de la construcción, aumento del desempleo, miles de casas sin vender y miles de ciudadano/as sin vivienda, hipotecas cada vez más difíciles de afrontar, etc.; ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Castilla la Mancha? Mientras se incumple el IV Plan Regional de Vivienda del Gobierno Regional que iba a garantizar por ley el acceso a la vivienda creando 50.000 viviendas protegidas en cuatro años, se propone un Pacto por la Vivienda en el que la propuesta estrella es la creación de una nueva modalidad de vivienda: “Vivienda de Iniciativa Público Privada” (VIPP) que lejos de ser una solución al problema de la vivienda y al desempleo, en lo esencial incide en la misma receta que ha hecho posible la situación de crisis y da increíbles pasos proteccionistas a los promotores. Resulta chocante que cuando hay 85.000 viviendas vacías en la región sin vender, la solución pase por construir más vivienda. Está claro que el objetivo del gobierno de Barreda no es dar solución a los más de 48.000 demandantes inscritos sino el de proteger y ayudar a los promotores.
El tipo de vivienda que se propone son pisos de una media de 70 m2 con un coste entre 130.000 Y 150.000 €, lo que supone un precio por metro cuadrado entre 1.857,14 €/m2 y 2.142,86€/m2, claramente superior al de la vivienda protegida en nuestra región. De esas nuevas viviendas la Junta garantiza adjudicar el 70%, como mínimo, y las que no se adjudiquen las compra la Administración. Los promotores van a vender todo, nunca lo tuvieron tan fácil. Además los titulares de los terrenos podrán incrementar el número de viviendas a construir sin que la administración tenga que variar la edificabilidad máxima y se van a impulsar las transformaciones de suelo por lo que habrá más reclasificaciones de suelo rústico en urbanizable. Todo esto interfiriendo en los Planes de Ordenación Municipal a favor de promotores privados.
La propuesta de Barreda no garantiza la construcción de vivienda pública, olvida a las empresas municipales y a los Ayuntamientos y no garantiza mantener una parte del empleo del sector de la construcción.
Desde Izquierda Unida consideramos que hay que hacer frente a esta situación de crisis mediante una transición justa en el actual modelo productivo que se ha demostrado insostenible y débil frente a los cambios en los ciclos económicos y además se ha sustentado en un empleo precario y poco especializado. Las medidas que se deben adoptar no pueden ir encaminadas una vez más, a que sea el pilar más débil, los trabajadores, quienes sufran las consecuencias de la crisis. Hay que reajustar el sector de la construcción y reorientarlo hacia nuevas actividades, formando y mejorando la cualificación de los trabajadores y de la pequeña y mediana empresa.
El gobierno debe facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas y asequibles para todos los ciudadanos, con especial atención a las capas sociales más desfavorecidas. Para ello se debe intervenir desde la administración en la planificación, promoción y construcción de viviendas públicas, luchar contra el fraude en las transmisiones de estas viviendas y reducir los precios de la vivienda de promoción pública, calculándolos en función de la renta y no del mercado. Debemos apostar desde las administraciones públicas por un desarrollo urbano sostenible introduciendo criterios de ahorro energético en la construcción, fomentando el alquiler e impulsando las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Todo ello atendiendo los previsibles problemas de aumento de desempleo para lo que sería necesario un Pacto por el empleo en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y empresarios del sector.
Por todo ello se presenta al Pleno para su consideración y aceptación los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Mocejón insta al Gobierno de Castilla la Mancha a retirar la propuesta de construcción de Viviendas de Iniciativa Público Privada y las medidas contempladas en el Pacto por la vivienda porque no van a solucionar la situación de crisis del sector de la construcción ni atenderán las necesidades de vivienda de la población castellano manchega.
2. Solicitamos la elaboración de nuevo Plan de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible en Castilla la Mancha. Para ello se abrirá un período de debate y reflexión sobre la crisis del sector, sus consecuencias urbanísticas, económicas, laborales y sociales y se pondrá en común las propuestas encaminadas a atender la necesidad de vivienda y el reajuste del sector de la construcción. Un nuevo Plan que cuente con la participación de los agentes sociales y otros colectivos sociales de nuestra región.
3. Este nuevo Plan de vivienda deberá apostar por:
a. El mantener el precio de la vivienda protegida en el fijado por el Gobierno de los Regímenes Especial y General, eliminando el Precio Máximo Superior y la modalidad de Precio Concertado y Tasado.
b. Ofrecer a los promotores la reclasificación y adquisición de las viviendas ubicadas en las zonas de demanda como Vivienda de Protección Oficial de Precio General para cubrir la demanda existente.
c. Dotar, desde el Instituto de Finanzas Regional, de créditos a los Ayuntamientos y Empresas Públicas a 8 años sin intereses para la adquisición y promoción de suelo para VOP y aval para que los adjudicatarios de VPO adelanten la entrada a la adquisición con las subvenciones que correspondan.
d. Promover la vivienda de alquiler y un plan de rehabilitación para movilizar la vivienda vacía y construir un 50% de la vivienda protegida en régimen de alquiler.
e. Mantenimiento del empleo, directo e indirecto. Pacto por el empleo en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y empresarios, que redimensione el sector y lo reoriente a nuevas actividades.
Pedro García Oliva
Grupo Municipal de Izquierda Unida de Mocejón.
Mocejón, 5 de Junio de 2008.
APROBADA
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